Primero de Mayo en Bolivia – Nacionalización de los hidrocarburos.
Por: Marcos Devisscher
El 07 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional declaraba sin validez jurídica los 78 contratos con los que REPSOL, PETROBRAS, TOTAL, ENRON, SHELL, BRITISH PETROLEUM, VINTAGE, PANAMERICAN GAS y otras transnacionales explotan las reservas de gas y petróleo de Bolivia, valuadas actualmente en por lo menos 150 mil millones de dólares americanos; las segundas en importancia de Sudamérica.
Unas semanas después, el 17 de mayo de 2005, el Presidente del Congreso Nacional, Sr H. Vaca Diez abrogaba la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, vigente desde fines de abril 1996, y sancionaba la nueva Ley Nº 3058. Esta nueva Ley de Hidrocarburos otorga 180 días para que las transnacionales petroleras que operan en Bolivia firmen nuevos contratos que les permita seguir explotando los hidrocarburos del país, a cambio de un aumento nominal de impuestos hasta un 50% (que, según estudios especializados independientes, no superaría el 35% en términos reales). Asqueados por el tenor de esta Ley que juzgan lesivo a los intereses nacionales, los movimientos sociales bloquean el país y obtienen las renuncias tanto del Presidente de la República C. Mesa como de los Presidentes de ambas Cámaras Legislativas.
Renuncian los Presidentes, pero sigue vigente la Ley aunque, al cumplirse el plazo previsto de 180 días, el Gobierno interino de E. Rodríguez Veltzé argumentara vicios procedimentales y no obligue las empresas a adecuar sus contratos.
A un año prácticamente de promulgada la Ley, el Gobierno de E. Morales acaba de decretar la “nacionalización de los hidrocarburos”. La firma del Decreto Supremo 28701 se realiza en uno de los campos hidrocarburíferos de mayor potencial del país; gozando de una cobertura mediática extraordinaria mientras las Fuerzas Armadas ocupan todos los otros campos del país.
El artículo primero del DS 28701 expresa que “se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país” y que “el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”. En sí, no es novedad ya que la Constitución Política señala que los recursos naturales son de dominio inalienable e imprescriptible del Estado. Lo que llama la atención es que el DS no mencione que pasen al dominio del Estado, los bienes de las empresas petroleras que operan en el país: plantas, maquinarias y otros activos. A lo sumo, el art. 7 num. II prescribe que “se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobras Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A”. No queda claro si el Estado debería o no indemnizar dichas empresas, pero se infiere, en todo caso, que las demás acciones de las mismas quedarían bajo su propiedad, así como sus bienes.
Por otra parte, el art. 4 indica que, para dos megacampos gasíferos, se crea una participación adicional de 32% destinada a YPFB; con lo que el Estado incrementaría su renta hidrocarburífera hasta alcanzar un 82% del valor de la producción. Esta participación adicional es un “tributo” y, según el art. 6 del Código Tributario, en concordancia con la Constitución Política del Estado, sólo la ley -entiéndase la ley aprobada por el Poder Legislativo- puede crear, modificar y suprimir tributos; por lo que el cobro de esta participación adicional mediante DS sería completamente ilegal.
Afloran, finalmente, ambigüedades e imprecisiones en los artículos 3 y 9. En efecto, el art. 3 otorga un plazo de 180 días a las empresas para suscribir nuevos contratos; caso contrario instruye al Ministerio de Hidrocarburos y Energía a tomar a su cargo la operación de los campos. Por su parte, el art. 9 indica que se mantienen vigentes los reglamentos y normas vigentes hasta que sean modificados acorde a Ley. A consecuencia, la plena vigencia del DS 28701 quedaría subordinada a la suscripción de nuevos contratos con las empresas.
En resumen, la vigencia de la Ley de Hidrocarburos y del Decreto Supremo de nacionalización de hidrocarburos cierra la posibilidad legal de una verdadera nacionalización. Para muchos sectores populares, el dictamen del Tribunal Constitucional de abril 2005 equivalía a una virtual “nacionalización”, ya que sin contratos legales y operando ilegalmente en el país, todas las transnacionales petroleras podían ser echadas de inmediato del país y todas las reservas que controlan, sus inversiones y sus equipos, podían pasar al Estado boliviano. El DS 28701 otorga un nuevo plazo a las transnacionales para que legalicen sus operaciones y firmen nuevos contratos en el marco de la Ley 3058 combatida el año pasado por todos los sindicatos (y por el mismo E. Morales, como dirigente sindical). Esto es lo que lleva el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana a calificarlo de “demagógico”, ya que, “en vez de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente en Bolivia, se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales del país”.
El Presidente de YPFB ha expresado recientemente que el Gobierno de E. Morales no tiene “la mínima intención de expulsar a las empresas que operan en el país (…) más bien queremos garantizar sus correspondientes utilidades y darles esa seguridad jurídica que siempre han reclamado”. En la “Cumbre de Iguazú” que se acaba de celebrar pocos días después de promulgado el DS, los Mandatarios de Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia han reconocido el derecho soberano de Bolivia para “nacionalizar” sus recursos naturales, y han acordado impulsar negociaciones bilaterales para la comercialización del gas boliviano. Al parecer, el mayor conflicto no radicaría tanto en los cambios en la tributación o en otros aspectos del DS, como en la intención boliviana de elevar el precio de exportación a Argentina y Brasil.
Las negociaciones con las empresas arrancarían la próxima semana, con la previsible aunque limitada resistencia de las transnacionales a pagar nominalmente más impuestos. Desde ya, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjeras ya anunciaron hace meses su disposición en adecuarse a la Ley 3058.
¿Cuál fue, entonces, el verdadero motivo del Presidente E. Morales al promulgar este DS que no nacionaliza verdaderamente los hidrocarburos y subordina la participación del Estado en este sector de la economía, a la suscripción de nuevos contratos? La primera hipótesis es que el Presidente pretende con esta norma jurídica -y con la cobertura militar y mediática, los discursos y los aplausos que acompañaron su promulgación- presionar a las empresas transnacionales para mejorar las rentas hidrocarburíferas. La segunda hipótesis es que desea acrecentar aún más su elevada popularidad en vísperas de las elecciones para Asamblea Constituyente convocadas para principios de julio. ¡Lo sabremos en ciento ochenta días (o quizás antes)!